Declaración de la Asamblea Movimiento Ciudadano de Osorno con motivo del Día de los Derechos Humanos.

MIÉRCOLES 7 de diciembre de 2011 | 18:29 hrs.

Señor Editor:

La falta de respeto a los Derechos Humanos no es una situación del pasado en nuestro país. Bajo el actual Estado de Derecho y formalidad democrática, se mantienen situaciones que violentan la dignidad de los ciudadanos. Situaciones que los defensores de derechos humanos han denunciado pese a las dificultades que enfrentan en los diferentes contextos, ya sea la violencia directa de la policía, la vigilancia constante y la carencia de leyes que los reconozcan.

Recientemente, en el Seminario Internacional “Terrorismo y estándares en Derechos Humanos” realizado el 15 de noviembre en el ex Congreso Nacional, participaron destacados panelistas del mundo legal, quienes expusieron su visión sobre la aplicación de Ley Antiterrorista en controvertidos litigios nacionales como son el Caso Cañete y el Caso Bombas. Se debatió sobre la correcta conceptualización de los atentados ideológicos contra la vida de las personas, pero además se discutió sobre una realidad jurídica nacional: la pertinencia de la Ley Antiterrorista (Ley 18.314).

La violenta represión a las manifestaciones sociales constatada el presente año, da cuenta de una actuación policial represiva que no distingue entre manifestantes que ejercen pacíficamente su derecho a reunirse respecto de aquellos grupos que cometen hechos delictivos. Un informe dado a conocer por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, observando los acontecimientos del último año, señala como principales conclusiones que:

•Actuación policial represiva que no distingue entre manifestantes que ejercen pacíficamente su derecho a reunirse respecto de aquellos grupos que utilizan acciones violentas en el marco de esas mismas manifestaciones.

•En todas las ocasiones se constató la presencia de carabineros sin su debida identificación institucional.

•Los buses y vehículos institucionales de Carabineros a los que son conducidos transitoriamente los detenidos, constituyen un momento y espacio sin control ni supervisión, generando condiciones de abusos y agresiones que pueden quedar en la impunidad.

•Los procedimientos policiales en las Comisarías son lentos, poco efectivos y contravienen en muchos de los casos observados, la normativa vigente. Se constata demora en el ingreso de los detenidos producto de sistemas informáticos precarios, no estandarizados, dando lugar a una discrecionalidad que puede dar lugar a irregularidades y abusos policiales.

Otro documento reciente es el noveno Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2011, de la Universidad Diego Portales, donde se explica que “Las violaciones de derechos provocadas por Carabineros que se han mostrado en otros años, tomaron la forma de funcionarios presionados por mantener el orden público sin aparente contención política a los límites de su actuación”.

El documento, establece además que “a las bombas lacrimógenas arrojadas en lugares cerrados, los carros lanza aguas disolviendo marchas pacíficas y jóvenes denunciando fuertes golpizas y maltrato, se sumó la presencia confirmada de carabineros de civil haciendo ‘inteligencia’ como infiltrados en marchas estudiantiles, funcionarios aduciendo actuar en legítima defensa cuando no lo hacen, y el asesinato de un joven que se encontraba observando una protesta”.

El informe también aborda los avances que en materia de derechos humanos han acontecido en el país, haciendo hincapié en el proyecto de Acuerdo de Vida en Pareja impulsado por el Gobierno, “incluso con la oposición de parte de sus propias filas”, el cual por primera vez en el país reconoce legalidad a parejas del mismo sexo.

Otro tópico que aborda es el incendio de la cárcel de San miguel en el que fallecieron 81 internos a fines de 2010.
 “Entonces los chilenos nos enteramos de lo que meses antes había causado gran impacto a quien era ministro de Justicia, Felipe Bulnes: las condiciones en que viven los presos no son dignas para ningún ser humano, así haya cometido un delito grave. Numerosos reportes, de organismos estatales y no estatales, lo venían advirtiendo por años, pero la autoridad política y penitenciaria parecía preocupada de otras cosas, sin atender lo que son sus obligaciones en materia de derechos humanos”, consigna la investigación.

En el ámbito laboral, se llama la atención sobre el acoso moral en el empleo (o mobbing) un fenómeno que pareciera ser invisible pero extendido –de acuerdo a las escasas cifras existentes- y que finalmente ha sido reconocido y abordado por los tribunales y parte de la doctrina especializada.

El Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2011 incluye además la situación de los pueblos indígenas en Chile, examinando la sentencia de la Corte Suprema en el ‘juicio de Cañete’, “la que estuvo antecedida por una nueva huelga de hambre de casi tres meses. En la sentencia se validó la utilización de testigos “sin rostro”, en tensión con las obligaciones internacionales y constitucionales sobre debido proceso. Además, se da seguimiento a dos casos emblemáticos de violencia policial en la Araucanía: "el de Matías Catrileo y el de Jaime Mendoza, ambos comuneros mapuche abatidos en operativos en que intervino Carabineros”.

Finalmente, por primera vez, el documento trata la situación de los derechos del pueblo Rapanui, pasando revista a la historia que permite explicar los sucesos de tensión y conflictividad que se viven hoy.

En septiembre de 2010, James Anaya, Relator Especial de Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un extenso Informe mundial, con el examen de 34 casos emblemáticos de violaciones de derechos de los pueblos indígenas.

En parte a lo referido a la situación chilena, se consignaba en el documento: “156. La necesidad de implementar mecanismos efectivos para solucionar las demandas territoriales del pueblo mapuche es de especial urgencia, debido a la preocupación que se ha expresado a nivel nacional e internacional respecto al tratamiento que la fuerza pública y el poder judicial ha dado a la protesta social mapuche. Son lamentables los repetidos enfrentamientos entre la policia y personas mapuche, ejemplos de los cuales se señalan en las comunicaciones entre el Relator Especial y el Gobierno. Además, tal como enfatizó el Relator Especial en su informe de 2009, ha sido preocupante la aplicación de la Ley Antiterrorista (Ley No. 18.314) para procesar y condenar a individuos mapuche por delitos cometidos en el contexto de la protesta social. Al respecto, el Relator Especial ha instado al Estado que adopte una definición más precisa de los delitos de terrorismo de tal manera que se asegure que individuos no sean señalados por motivos políticos, religiosos o ideológicos [29]. Asimismo, reitera su observación de que uno de los efectos colaterales de la política penal de penalizar los delitos comunes cometidos durante acciones de protesta social es la generación de estigmatización de los indígenas y una dinámica general de controversia entre los mapuches y las autoridades estatales, que no contribuye a la paz social, ni a la búsqueda de soluciones constructivas orientadas a determinar y abordar los orígenes de la protesta [30].

La Libertad de Expresión también es sometida a limitaciones: En los últimos meses el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) recibió varias denuncias en contra de “El club de la comedia” por sus sarcásticas parodias, pero sobre todo una donde “Atentaban contra la cultura Cristiana”.

El 28 de Julio el Senador  Alejandro Navarro calificó como inaceptable el “claro intento de censura” debido a que atentaría contra la “libertad de expresión”. Además Navarro aseveró que “El humor no es política, y la doctrina de los derechos humanos implica interpretar lo más ampliamente la libertad de expresión. En el Club de Comedia no hay intención de injuriar a nadie, ni violaciones a la moral ni a las buenas costumbres. Sólo hay animus jocandi, ánimo de hacer reír, como dicen los abogados”.

La Asociación Mundial de Radios Comunitarias Amarc en Chile se ha adherido a la reclamación hecha por ACCION (Asociación Chilena de ONG) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pide revisar el proyecto de ley que busca sancionar con penas de cárcel actuaciones periodísticas que hasta ahora se beneficiaban de garantías constitucionales y de los tratados internacionales suscritos por Chile.

Amarc en Chile llama la atención especialmente sobre el artículo segundo letra (f) que autorizaría a las fuerzas de orden y seguridad, la consignación y obtención de material gráfico y audiovisual sobre manifestaciones públicas, captado o registrado por medios de comunicación.

Este artículo que modifica el código penal atenta contra la libertad de expresión y su aplicación pone en entredicho el ejercicio de este derecho sustentado tratados internacionales de Derechos Humanos, sostiene Amarc. También se destaca la represión directa a periodistas y reporteros durante los actos sociales.

Finalmente, en el Informe Anual de Amnistía Internacional 2011 sobre Chile podemos leer:

“Ha habido conflictos con los indígenas mapuches, especialmente al ser tratados algunos presos mapuches bajo la legislación antiterrorista; también ha habido problemas de restitución de las tierras tradicionales a los grupos indígenas de la Isla de Pascua. En este conflicto ha llegado a haber enfrentamientos violentos por la propiedad de las tierras.

Derechos sexuales y reproductivos: Ha habido diversos casos de discriminación por razones de orientación sexual. Un caso especial sería el de la Juez Karen Atala quien perdió la custodia de sus hijas por su orientación sexual. Amnistía Internacional también quiere destacar la penalización total del aborto en todas las circunstancias en Chile, así como la dificultad para acceder a la sanidad a mujeres afectadas por el VIH.

En el Informe de Amnistía Internacional podemos leer: “Una ONG informó de la discriminación padecida por mujeres con VIH para acceder a los servicios de salud, así como de violaciones sistemáticas de su derecho al secreto médico. La organización identificó asimismo varios casos de esterilización forzada o realizada mediante coacción".

En este marco, no resulta aceptable que en Chile el derecho a reunión esté supeditado a la discrecionalidad de la autoridad a través de un decreto. Más aún, en el contexto actual la oportunidad para debatir sobre los límites de derechos que no son absolutos como el de reunión y de opinión es donde debiéramos centrar los esfuerzos en el Parlamento, ya que a partir de este marco que incluye el debate sobre el sentido y valor de la protesta social, se puede dar un contenido actualizado a la noción de orden público.

Es por ello que el proyecto de ley que busca reforzar el orden público no contribuye al debate social y político que requieren los tiempos actuales, y no es oportuna en el marco de una demanda en curso como es la del derecho a la educación que se expresa en distintas formas de protesta social y por grupos que no tienen otra forma de acceder a que sus planteamientos sean considerados. Proyectos de ley de este tipo deben pasar por un estricto escrutinio de manera que no signifiquen restricciones en torno a los derechos de reunión y de opinión que podrían incluso constituir infracciones a los compromisos internacionales que en materia de derechos humanos tiene el Estado de Chile.

Es cierto, podemos reconocer que no hay desapariciones forzadas, campos de concentración, relegaciones, ni la tortura como métodos constantes de opresión política, pero basta la violación de uno de los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, para salir del marco regulatorio. El Parlamento y los partidos políticos no han puesto el necesario acento en el resguardo de los derechos universales, los cuales Chile se comprometió a respetar. Vivimos situaciones de violencia institucional, económica, discriminación y, otros abusos que no pueden continuar.

De cara a un nuevo Aniversario de la proclamación de esta Carta Universal, la ASAMBLEA MOVIMIENTO CIUDADANO OSORNO llama la atención de la comunidad a observar, vigilar y exigir el respeto a esos derechos fundamentales, garantía de una convivencia democrática que debe ser perfeccionada para impedir que esas situaciones continúen sucediendo. Osorno se ha distinguido por defender los Derechos Humanos en el pasado, y ahora los ciudadanos alzamos nuevamente la voz para decir Basta a estos atropellos.

La injusticia es uno de los motores fundamentales en el avance de los derechos humanos y en gran parte el reconocimiento de estos derechos es tributario de luchas, inicialmente incomprendidas pero celebradas con posterioridad desde una perspectiva histórica.

ASAMBLEA MOVIMIENTO CIUDADANO DE OSORNO